Buenaventura: Narcotráfico, Conflicto Armado y Paz Neoliberal

por Eunice Escobar

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Buenaventura, el Pacifico colombiano y otras regiones del país continúan sumergidos en una ola de violencia que ha conllevado a nuevos altos índices de confinamiento y desplazamiento interno forzado. El territorio ancestral alrededor de este puerto internacional es una zona afectada por el conflicto armado y especialmente por el control de estructuras ilegales de tipo paramilitar que en medio de la militarización del Estado, se disputan el control de este centro estratégico para el mercado global y para las economías ilegales en torno al tráfico de drogas y de armas comercial, contexto en el cual aumentaron las matanzas, las amenazas y los asesinatos de líderes sociales. Esta constante violencia en los territorios étnicos tiene raíces políticas, estructurales y étnicas. Como lo describimos en nuestro llamado a la solidaridad internacional para terminar la guerra en Buenaventura, y como lo indico la lideresa Sulma Mosquera, actualmente viviendo en El Centro Pazífico en Cali, las soluciones a este problema deben ser estructurales y basadas en las propuestas construidas con las comunidades étnicas de la región.

En Buenaventura durante las dos últimas semanas de febrero y las dos primeras de marzo se dieron una serie de actividades para escuchar directamente y desde las voces de las víctimas, los testimonios sobre la situación de violencia que afecta la región, a pesar de la existencia de dos acuerdos en fase de implementación, el Acuerdo del Paro Cívico de 2018 y el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmado entre el gobierno de Colombia y la antigua guerrilla de las FARC E-P. En mi caso particular, y a nombre de la Alianza por la Justicia Global (AFGJ), también para acompañar a líderes de Derechos Humanos amenazados por los sectores armados y participar en la conmemoración del séptimo Aniversario de la marcha “Entierro de la Violencia para Vivir con Dignidad, en Buenaventura” organizada originalmente por el fallecido Arzobispo emérito de Buenaventura, Monseñor  Hector Epalza QuinteroAfGJ participo apoyando las actividades en la estación 5 de la marcha. El tema de la estación fue La protección de la vida y el territorio. La Alianza también participo en las actividades que se llevaron a cabo durante tres días con la participación de embajadas de varios países, en un recorrido que incluyo la Capilla de La Memoria en el barrio Lleras y las Zonas Humanitarias de Puente Nayero y Punta Icaco en el barrio La Playita.

Durante estas dos semanas, también la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la Republica, visito Buenaventura y en jornada de sesión escucho directamente a los afectados sobre la crisis social y humanitaria en Buenaventura.

Así mismo, el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad visito Buenaventura y denuncio la difícil situación en que vive el pueblo de Buenaventura.  “Tenemos muchas preguntas y mucho dolor” dijo el sacerdote refiriéndose a la violencia que se desato en el mes de diciembre con la masacre ocurrida el 31 de diciembre de 2020, cuando hombres armados realizaron un recorrido mortal por la ciudad, y buscaron puerta a puerta a las víctimas para asesinarlas. Lo que me causó más impresión hoy cuando estaba en los alrededores del Estero, es encontrar que, créanme, lo que uno ve allí, es una realidad absolutamente inaceptable, eso no puede ser, que colombianos tengan que vivir como vive la gente en algunas partes de lo que yo he alcanzado a ver últimamente” igualmente denuncio las condiciones de vida de los habitantes de estas comunas indicando “El nivel de vida de cómo vive alguna gente en Buenaventura es tan vergonzoso, que yo no entiendo cómo es posible que Colombia acepte una cosa tan inhumana. Es de tales proporciones lo que uno ve, es tan infeliz lo que uno percibe allí, es tan degradante del ser humano, es una manera de vivir la gente de una forma tan inhumana que uno realmente se queda preguntando: ¿Cómo es posible que nosotros colombianos aceptemos que hombres y mujeres con la misma dignidad humana, con la misma grandeza humana, con la misma profundidad humana tengan que vivir así?”.

Durante esta visita, el comisionado especial para los pueblos étnicos, Leyner Palacios, cuestionó la incoherencia entre la forma de vida y el valor de las armas de fuego que poseen algunas personas. “Nos preguntamos ¿Dónde estamos los colombianos que permitimos que esto le pase a otros colombianos? Aquí hay una responsabilidad ética y moral. Fue decepcionante escuchar que los jóvenes viven en casas que no cuestan más de seis o siete millones de pesos, pero tienen fusiles y armas que cuestan 30 o 40 millones. Alguien les está dando esas armas”.

En apoyo al actual obispo de Buenaventura, Ruben Dario Jaramillo (quien recibió amenazas de muerte, por haber denunciado en varias oportunidades la corrupción, el control territorial que ejercen los grupos poderosos de Buenaventura, los grupos criminales, la ola de violencia que vive la población, los desplazamientos y el narcotráfico) 14 prelados entre obispos y sacerdotes del Pacifico colombiano se reunieron también en Buenaventura para expresar su solidaridad con Monseñor Jaramillo y discutir sobre los temas de violencia y desigualdad que afectan esta región.

Antecedentes:

En Colombia la violencia comenzó hace más de 50 años por la tenencia de tierras, las condiciones de injusticia e inequidad y por los intereses políticos de unas cuantas familias que han concentrado el poder desde la existencia como república en el siglo XIX . Buenaventura, territorio ancestral del pueblo negro e indígena fue afectado desde hace varios siglos con la instalación del principal puerto de Colombia, puerto que fue favorable a la población negra, mientras  fue una empresa nacional (Colpuertos) manejada por el estado colombiano y con un sindicato fuerte. La violencia llego a esta ciudad puerto al tiempo que el gobierno nacional firmo los primeros acuerdos comerciales y comenzó el proceso de privatización en el marco del libre mercado que se impulsó a partir de la constitución de 1991, proceso que favoreció a los sectores económicos del país y favoreció la entrada de capitales extranjeros, los mismos que promueven en la actualidad la ampliación y modernización.

Como lo expresaron los líderes comunitarios durante nuestra visita a la región, con la reforma constitucional de 1991 y el previo acuerdo de paz con la guerrilla del M19, se anunció bajo el gobierno del presidente Gaviria la “Gran Apertura Económica” de Colombia al ” futuro”, al nuevo orden global impuesto por el libre mercado. En este marco regulatorio se decretó la liquidación de Colpuertos y se definieron las condiciones para la modernización del sector portuario y su funcionamiento a través de las Sociedades Portuarias Regionales y los Operadores Portuarios. Este nuevo modelo de gestión del sector portuario, se sustenta con el fin de incrementar la competitividad del sector portuario y la economía colombiana, lo que conllevo a la disminución de los empleos, y la tercerización del trabajo en el puerto. Entre el 2012 y 2016 la Direccional Territorial del Valle del Cauca ha impuesto sanciones por intermediación laboral en el sector portuario de la región que superan los 11 mil millones de pesos, mientras que por otras violaciones a la normatividad laboral, ascienden los 3 mil millones de pesos.

Por otro lado, el artículo transitorio 55 dio origen a la ley 70 /93 de comunidades negras y materializó el sueño histórico del pueblo afrocolombiano de lograr el reconocimiento jurídico del territorio. Sin embargo, la titulación colectiva amparada en la ley 70, no logró incluir el reconocimiento jurídico de territorios estratégicos para los intereses del mercado y el capital global, cómo es el área urbana de Buenaventura, donde de manera legal e ilegal, y mediante el terror, se sigue imponiendo el despojo territorial para dar paso a los proyectos expansivos de las Sociedades Portuarias.

Igualmente, y como mecanismo eficaz para consolidar el despojo territorial y la vulneración de Derechos, el establecimiento decidió utilizar como pretexto para escalar la violencia, la existencia del conflicto armado interno del Estado con distintos movimientos guerrilleros e implementar una política de Estado sobre la base del paramilitarismo, la seguridad nacional y el enemigo interno impulsada desde tiempo atrás por los Estados Unidos y financiada bajo el Plan Colombia. De esta manera, en Buenaventura y el resto del pacífico de Colombia, bajo complicidad y auspicio de los militares y el gobierno, se dio la entrada de la organización paramilitar el bloque Calima, para consolidar negocios estratégicos del país.

En el Pacífico Medio y en Buenaventura el Bloque Calima perpetró 35 masacres entre los años 2000 y 2004, quedando el poder político y económico en manos de un sector mafioso, que venía en acenso desde los años 80 de la mano del cartel de Medellín y del cartel del Norte del Valle, desde donde estructuras de tipo narco paramilitar como los reconocidos Machos y Rastrojos hicieron su aparición.

En Abril del 2001, la incursión del Bloque Calima en el pacífico intentó desplazar forzadamente la población en el territorio ancestral del Consejo Comunitario del Río Naya, justo cuando se había formalizado la solicitud de titulación colectiva y esta había sido impugnada por la Universidad del Cauca. En lo urbano, durante estos mismos años de terror y control del Bloque Calima, se consumó el despojo en un área importante del territorio ancestral y colectivo del Bajo Calima, donde fue invocada la figura de expansión urbana para luego construir el puerto intermodal de Agua Dulce con inversión de International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI) de Filipinas y PSA de Singapur. De igual manera, luego de la masacre de los 12 jóvenes de Punta del Este, en abril de 2005, entró en funcionamiento la Terminal de Contenedores de Buenaventura TCBUEN con inversión de Óscar Isaza, oriundo de Buenaventura junto a los españoles del Grupo marítimo Barcelona TCB.

En el 2004, con la muy sonada desmovilización del Bloque Calima, de  nuevo retomaron el control del

Líderes sociales reunen sobre la crisis en Buenaventura

pacífico, incluyendo Buenaventura y sus áreas costeras, los narco paramilitares denominados Águilas negras y los Rastrojos, encargando del control urbano, a la banda de la “Empresa”, estructura que desde el 2007 implantó el terror urbano a través de las “casas de pique” y las fronteras invisibles, siempre en medio de la fuerza pública que hace de Buenaventura, la ciudad más militarizada de Colombia. Desde entonces, el control de los territorios no asegurados para la ampliación y modernización portuaria, han estado sometidos al terror y control de las estructuras paramilitares, al tiempo que se anuncian nuevos megaproyectos como el Malecón Bahía de la Cruz, el Plan Máster 2050, el aeropuerto internacional de carga, entre otros.

Para el 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz, Buenaventura, siguió bajo el control de sectores armados paramilitares, de la estructura denominada La Empresa, de los Urabeños, de las mal llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC e incluso de supuestas disidencias como la Fuerza Urbana del Pacífico (FUP) quienes a nombre del frente 30 de las FARC E-P, se tomaron el control de corredores como el Naya, con el apoyo y complicidad de la fuerza pública.

La realidad es que en barrios de Buenaventura como la Playita hay unos sectores como Alfonso Lopez y Piedras Cantana, afectados fuertemente por la extorsión por parte de los diferentes sectores armados. La población es afrocolombiana, pobre, desplazada de los consejos comunitarios, y víctimas de los desplazamientos forzados. Todos los barrios han sufrido desplazamientos intraurbanos. Con excepciones como el caso de Puerto Nayero que desde el 2014, con el instalamento de la zona humanitaria, la comunidad ha gozado de protección y seguridad, gracias a su iniciativa de resistencia civil.

Desde el inicio del 2021 hasta el 17 de Marzo del 2021, han habido 17 masacres en Colombia, con un total de 65 víctimas.  Buenaventura es el reflejo claro de esta crisis humanitaria, producto del incumplimiento de los dos acuerdos históricos, el Tratado de Paz y el Acuerdo del Paro Cívico. Como lo indico la lideresa Maria Eugenia Mosquera Riascos,” En nuestros territorios rurales y urbanos, no hemos dejado de construir, resistir y tejer paz, sin embargo, la ausencia de voluntad política del gobierno nacional para dar cumplimiento al Acuerdo Firmado, nos retrocede a los peores tiempos del conflicto y de la guerra”

Con el recrudecimiento de la violencia en Buenaventura y según datos de la policía, desde el año pasado ha habido 69 desapariciones en Buenaventura. Este año en el mes de enero se han desaparecido aproximadamente 12 personas en un mes.  El reclutamiento forzado de niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ) para actividades de red de informantes, apoyo logístico, trasporte de armas, transporte de droga, cobro de extorsiones, así como para ser integrantes orgánicos de las estructuras sucesoras del paramilitarismo, aumentan en todos los barrios de Buenaventura, superan las cifras de años anteriores y en algunas zonas rurales la proporción es mayor a los 10 casos por cada NNAJ reclutado por estructuras guerrilleras como las FARC E-P, en tiempos de conflicto armado.

De igual manera la cifra de personas desaparecidas luego la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y el Acuerdo Paro Cívico, especialmente en zona rural, casi iguala los casos ocurridos en un periodo des 20 años de conflicto armado interno.

En los territorios con presencia permanente de fuerza pública, con ocasión del Acuerdo Final de Paz y presencia de estructuras narco – paramilitares, aumentan los lugares de prostitución, con mucha presencia de mujeres venezolanas, es decir, al igual que las mujeres Bonavereses, las mujeres migrantes son sometidas a diversas formas de violencia sexual, al tener que relacionarse afectiva y sexualmente con actores armados por su seguridad o garantías de satisfacción de sus necesidades de ellas y sus familias.

Jovenes de Buenaventura reciben visitantes internacionales

Quiénes son los desaparecidos? La mayoría son muchachos de los barrios jóvenes entre los 14 y los 25 años. Quién los desaparece? Los sectores armados que mencionamos anteriormente y que están en el territorio.  Los que se disputan el corredor y los vinculan en la guerra. Estos NNAJ se vinculan a la guerra y al negocio ilícito por falta de oportunidades, por el racismo estructural que viven estas regiones y el incumplimiento del Gobierno. Estos jóvenes victimas de las fronteras invisibles, viven presos en sus barrios, en sus calles, algunos por solo cruzar fronteras invisibles son desaparecidos. La violación de toques de queda armada también son condenas a muerte. Estos jóvenes se ven obligados a salir desplazados de sus barrios, como lo hicieron los hijos de dona Zulma y los otros jóvenes que se encuentran ahora en el Centro Pazifico, el cual está funcionando en su máxima capacitad.

Buenaventura, la ciudad más militarizada de Colombia, nos preguntamos ¿dónde está la presencia militar? Porque no se termina esta violencia que acaba con la vida de los jóvenes negros. Por qué la vida de los jóvenes negros en Buenaventura y el Pacifico no importa?

Visitando estos barrios no me queda más que remitirme a los barrios del sur de Chicago, en donde son los jóvenes negros y latinos, las víctimas del racismo estructural en los Estados Unidos. Guardando las proporciones, las condiciones son idénticas: Falta de acceso a la educación, falta de acceso a la salud, falta de oportunidades económicas y falencia de un núcleo familiar y de un entorno protector. Acceso fácil a armas, drogas y al crimen como opción laboral. Esa falta de oportunidades los ha llevado también a tomar las armas y participar en una guerra entre grupos armados (pandillas) generando un numero de víctimas que llega al nivel de genocidio. De igual manera en Chicago y Estados Unidos, la fuerza y violencia policial es la solución que se da el racismo y la falta de compromiso real de parte del Gobierno. El llamado crimen de negro-a-negro fruto del genocidio y etnocidio del Estado continúa llevándose nuestros jóvenes afro en el Pacifico colombiano y en Chicago.

Esta violencia se explica debido al control y terror que se debe imponer a las comunidades y pueblos étnicos, dueños ancestrales y habitantes de los territorios para la ampliación y modernización, en este caso, de la actividad portuaria. Esta ha sido la manera más eficaz para sembrar terror, miedo, y silencio, para el tráfico de drogas y para perpetuar el poder político de las élites al servicio de sus intereses y del mercado internacional, para evadir las responsabilidades políticas y jurídicas por las violaciones de los derechos humanos, ese gobierno que incumplió con los Acuerdos del Paro Cívico y con el Acuerdo de Paz que ha perfeccionado desde la estrategia paramilitar una política efectiva de control poblacional y territorial.

Entonces cual es el incumplimiento del Estado?

El Pacífico con su crisis social y humanitaria es una muestra de la no implementación del acuerdo. Una de las amenazas más graves a la paz es el rechazo por el gobierno de Colombia de cumplir el acuerdo con respecto a puntos uno y cuatro, que se trata de los temas de tierra, y los cultivos ilícitos. Este incumplimiento ha sido alentado por el gobierno estadounidense, en particular:

  1. La no implementación del Punto 1 y el punto 4, El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
  2. Del punto 3.4, que debía garantizar en Buenaventura y Tumaco una estrategia piloto para el desmonte efectivo de las estructuras sucesoras del paramilitarismo.

En muchas ocasiones, cuando campesinos se han manifestado para exigir que el gobierno honre sus compromisos para el desarrollo rural e inclusión en programas de sustitución de cultivos ilícitos, en lugar de cumplir sus deberes, las Fuerzas Armadas, y en particular el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios)  -cofundado y armado por los EE.UU.-, han atacado a la población civil mientras que los sectores armados continúan asesinando líderes sociales, defensores de derechos humanos, campesinos, afrocolombianos, indígenas y firmantes de paz.

En 3 décadas de terror y control narco paramilitar en el Valle del Cauca, con claro epicentro en Cali, el norte del Valle y Buenaventura con sus corredores estratégicos, lo evidente es que ha sido el mejor escenario para  la consolidación de lo que se puede llamar la paz neoliberal,  donde importa más la circulación de mercancías legales e ilegales, que la vida de la población, sobre la base de Miles de personas desaparecidas,  asesinados, desplazadas de un territorio ancestral y biodiverso ofertado al mejor postor. Donde los asesinatos no son producto de la eliminación entre bandidos, ni están desligados del negocio trasnacional del narcotráfico, de los intereses globales de mercantilización desde el puerto más grande del país y de la necesaria perpetuación del poder político en manos de la misma élite que ha gobernado Colombia desde su existencia como República. En medio de casas de pique, fosas comunes, despojo, miseria, racismo y nueva esclavitud, se sigue consolidando Buenaventura como la CAPITAL DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO, para acuerdos comerciales transnacionales.

Por todo lo anterior, se hace un llamado a la comunidad internacional, para que apoye las siguientes demandas:

  • Que el gobierno de Colombia cumpla con los acuerdos del Paro Civico.
  • Que el gobierno de Colombia cumpla realmente con los Acuerdos de Paz, y en particular con los puntos 1 y 4.
  • Que el gobierno de los Estados Unidos respalde esta iniciativa.
  • Que el gobierno de Colombia desmantele, y los EE. UU. no financie, el Escuadrón Móvil Anti-Disturbios (ESMAD), pues se ha convertido en el primer instrumento de represión estatal contra las movilizaciones de protesta en el campo sobre la tierra y la erradicación;
  • Que el gobierno de Colombia cumpla con el acuerdo, que NO reanude las fumigaciones aéreas en el campo, y que Estados Unidos no abogue por las fumigaciones aéreas, pues es una práctica que pone en riesgo la salud de las comunidades y daña el ambiente;
  • Que el gobierno de Colombia ponga fin a los asesinatos y masacres contra integrantes de movimientos populares y firmantes de los Acuerdos de Paz, y no permitan impunidad para los autores y perpetradores de estos crímenes.

¡Envíe una carta a autoridades colombianas e internacionales en solidaridad con estas demandas!

Unas otras maneras de ayudar:

Apoyar las actividades del Centro Pazifico

Participe en las delegaciones de acompañamiento organizadas por la Alianza por la Justicia Global (para más información: delegations@AFGJ.org )