Crisis en Buenaventura, Colombia

May Day, 2019, Buenaventura, Colombia

Buenaventura, Colombia, tiene el puerto principal de comercio al exterior y la segunda ciudad más grande del próspero estado del Valle del Cauca. Históricamente, el territorio ha sido habitado por afrodescendientes, indígenas, y campesinos. A pesar de la diversidad y riqueza cultural de este territorio, es conocido principalmente por sus altos niveles de pobreza, dificultades de acceso a servicios públicos, salud, vivienda digna y educación. Estas condiciones han descarrilado la vida de los habitantes a extremos inimaginables.

La violencia y las amenazas contra los habitantes de los barrios más pobres de Buenaventura se han vuelto cada vez más comunes. En 2006, el arzobispo Hector Epalza, recientemente fallecido, denunció las malas condiciones de vida de los habitantes de Buenaventura. En 2012, luego de ser silenciado por amenazas de muerte, Monseñor Epalza volvió a alzar la voz para denunciar la violencia en Buenaventura y las casas de pique, donde el desmembramiento de personas fue perpetrado por grupos criminales en esa zona del occidente colombiano. 

Cientos de personas han sido desplazadas de los barrios costeros de Buenaventura como resultado del creciente interés comercial para convertir la zona en un destino turístico. Estos vecindarios alguna vez fueron el hogar de pescadores y dieron la bienvenida a los pequeños botes que transportaban a los lugareños dentro y fuera de Buenaventura. Hoy, el gobierno ha creado el Plan de Desarrollo de Buenaventura, que se encarga de desplazar y demoler las comunidades ya establecidas. Estos barrios también se encontraban en medio del avance establecido por el Plan de desarrollo de Buenaventura. La mayoría de las personas de estas áreas se vieron obligadas a irse y reubicarse debido a la violencia y dar paso al Malecón, una pasarela turística alrededor de los límites de la ciudad y las expansiones portuarias. Hoy, los desplazados viven en la vecina ciudad de Cali, capital del estado del Valle del Cauca.

Las promesas incumplidas ofrecidas por un gobierno corrupto llevaron al Paro Cívico (huelga cívica) de 2017, del 16 de mayo de 2017 al 6 de junio de 2017. A pesar de las violaciones de derechos humanos cometidas por la ESMAD de Colombia, la organización móvil Antidisturbios armada y entrenada por Estados Unidos Escuadrón y otras fuerzas públicas que han intentado intimidar y silenciar el paro, el pueblo de Buenaventura, junto a más de un centenar de organizaciones sociales, cívicas, religiosas y comunitarias pudieron negociar el triunfo histórico y la creación del Fondo Autónomo. Se espera que este fondo genere un mejor acceso a la salud, la educación, los servicios públicos y la vivienda, con una inversión de 1.500 millones de pesos que durará 10 años.

En 2020, la Alianza por la Justicia Global, junto con varias organizaciones de base en Colombia, inauguró el Centro Pacifico de Derechos Humanos en Cali. El espacio se utilizará como oficina para diversas organizaciones de derechos humanos, como lugar de encuentro seguro para grupos afines, espacio educativo y brindará alojamiento a corto y mediano plazo para personas que han sido desplazadas como resultado de paramilitares, pandillas, grupos armados, y otras formas de violencia política y organizada que les ha impedido quedarse en casa. Actualmente, el espacio se está utilizando para albergar a afrocolombianos que han sido obligados a abandonar sus comunidades en Buenaventura debido a la escalada de enfrentamientos entre grupos armados locales en el barrio Juan XXIII. Una de estas víctimas es Sulma Mosquera, miembro de la comunidad de Buenaventura que ha sido desplazada como resultado de recientes amenazas de muerte. Su relato de la violencia que permea Buenaventura es importante y oportuna:

“He sido parte de las luchas sociales dentro de mi comunidad durante los últimos diez u once años. Antes de eso, trabajé en trabajos más formales, pero participé en la lucha cuando ella pudo. Durante los últimos diez años me he centrado únicamente en elevar las luchas sociales en mi comunidad en Buenaventura.”

Sulma se involucró más en el apoyo al trabajo de su comunidad luego de que el sacerdote de la Iglesia San Franciscana en Buenaventura la invitara a formar parte de un grupo de activistas:

“Teníamos aproximadamente 25 personas en la comunidad a quienes atendemos. Nos preguntamos cuáles son los problemas que han empeorado. Hace diez u once años, el problema principal era que los grupos armados reclutaban agresivamente a niños. Las adolescentes fueron explotadas sexualmente. Trabajé para la Fundación Rostros y Huellas del Sentir Humano. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo enfocándonos en los jóvenes, específicamente las niñas, dentro de la organización. Comenzamos varios proyectos y llegamos a muchos en la comunidad, pero también enfrentamos varios conflictos y obstáculos. Todos los miembros de la organización recibieron amenazas. Muchos de mis compañeros de trabajo ahora viajan con protección. Mantuvimos la ubicación de nuestra oficina en secreto.”

Ahora viviendo en el Centro Pazifico, Sulma recuerda la crisis que enfrenta su comunidad en Buenaventura.

“Buenaventura tiene toda la violencia que puedas imaginar. ¿Cómo es posible que la comunidad no pueda recibir el apoyo de la policía? La policía permanece en las carreteras, los lugares seguros y no ingresa a los barrios o comunas para enfrentar la violencia que imparten los grupos armados.

No hay paz, no hay tranquilidad. Vine al Centro agradecido para buscar refugio.

La gente de Buenaventura se da cuenta de que el covid no es lo que nos va a matar. Lo que va a matar son las continuas luchas violentas entre grupos armados. Eso es lo que realmente nos va a matar.

Estamos solos en Buenaventura. Estamos solos. Pero no podemos permitir que entren y terminen con toda la juventud. El sistema no funciona aquí. No funciona para la gente de Buenaventura. El gobierno nacional no escucha a su gente, a sus comunidades.

Estamos sobre diagnosticados. Sabemos cuáles son los problemas. Todo el mundo sabe. Lo que necesitamos es aplicar soluciones a los problemas para que realmente funcionen, para que realmente ayuden a las personas.

Por ejemplo, la persona que el gobierno contrata para venir me hace un par de preguntas y me dice que puede enviar a alguien a vigilar mi casa. Pero luego se van de mi casa y alguien muere. La persona que vino a hacerme las preguntas puede lavarse las manos de todo porque hizo su trabajo a la perfección. El problema no es ese. El problema es que necesitamos que las cosas cambien para que realmente ayuden a las personas.

No tengo garantías. No tengo protecciones.

Quiero saber quién manda en Buenaventura. ¿Quién está a cargo de toda esta violencia? No lo sabemos. Nos mantienen en la oscuridad.”

La situación de emergencia que amenaza la vida de quienes viven en Buenaventura es de extrema preocupación y requiere nuestra atención y solidaridad inmediatas. “Cuando uno recibe una amenaza en Colombia, es difícil siquiera pensar en acudir a la policía, ya que trabajan muy de cerca con estos grupos armados. No voy a ir a pedir seguridad a las mismas personas que nos están poniendo en peligro,” indicó.

El 10 de febrero de 2020, la gente de Buenaventura marchó 22 kilómetros, exigiendo la paz para su comunidad. Fueron encabezados por el obispo monseñor Rubén Darío Jaramillo, un poderoso símbolo de que la violencia debe detenerse.

Como personas comprometidas con la solidaridad internacional con las luchas globales contra el racismo, la pobreza y la violencia, debemos sumar nuestras voces a las de ellos y exigir nada menos que ¡Paz para Buenaventura!

Demandas:

Brindar la atención y apoyo necesarios a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad como consecuencia de más de 300 desplazamientos provocados por enfrentamientos armados ocurridos a lo largo de 2020.

– Tomar medidas efectivas para manejar la situación y proteger la vida de los líderes sociales.

– Cumplir con los acuerdos alcanzados por las comunidades y organizaciones en la Huelga Cívica para Vivir en Paz y Dignidad en Buenaventura.

La Alianza por la Justicia Global se compromete a continuar brindando apoyo a las personas desplazadas asociándose con organizaciones de base para mantener abierto el Centro Pazifico. Si desea obtener más información sobre el Centro Pazifico o desea contribuir para apoyar esta iniciativa, comuníquese con centropazifico@gmail.com.